Miguel Ángel García Vega
Para algunos pueden ser las cifras de la insolidaridad o del fraude. Para otros, la maximización de su política fiscal. Sea como fuere, las inversiones de cartera (o sea, a través de valores negociables) españolas en paraísos fiscales alcanzaron en 2007 –últimos datos disponibles del Banco de España– unos 18.505 millones de euros.
Una cuantía que los analistas consideran moderada, pero que evidencia que el flujo con estos territorios ha sido constante. De hecho, las inversiones españolas directas en estos lugares de tributación laxa o inexistente alcanzó durante ese mismo año los 6.002 millones. No es de extrañar este montante.
El 69% de las empresas que forman parte del Ibex 35 están presentes de alguna forma en estos territorios, avanzan en el Observatorio de Responsabilidad Corporativa, según se desprende del estudio de sus memorias corporativas correspondiente al ejercicio de 2007.
El listado de empresas que frecuentan los paraísos fiscales es bastante exhaustivo y, de acuerdo con el Observatorio, abarca compañías como SCH, Unión Fenosa, Gamesa, Agbar, Inditex, Ferrovial, Repsol, BBVA (el año pasado se retiró de 36 territorios offshore), Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell, Telefónica, Endesa… Muchas de estas grandes firmas no sólo se han sentido atraídas por esa laxitud fiscal si no, también, por las ventajas económicas y jurídicas que disfrutan estas naciones.
A nivel mundial se trata de 8 trillones de dólares -unos 6,25 billones de euros al cambio actual- que, según la consultora Oliver Weyman han estado, hasta la fecha, semiocultos en estos territorios.
Para hacerse una idea de los dineros que manejamos, el producto interior bruto de Islandia el año pasado fue 11,7 billones de dólares.
En el caso español, los paraísos nos tocan muy cerca, y no sólo por Andorra, la economía sumergida, esa que no paga impuestos ni está sujeta a regulación o control laboral alguno, es nuestro paraíso interior. Tanto, que en 2007 -según los últimos datos disponibles- la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) informó de la existencia de 2.783 operaciones sospechosas, lo que supone un 22,63% más con respecto a 2006, cuando se registraron 2.251.
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