Le Monde Diplomatique
En Estados Unidos, en 1996, el Congreso republicano y el presidente William Clinton abolieron un programa de ayuda social reservado a los pobres con el pretexto (ampliamente falaz) de que fomentaba «fraudes, despilfarro y abusos». Trece años después, la reforma que defiende Barack Obama, no alterará los fundamentos de un sistema sanitario deplorable, porque quienes obtienen beneficios de dicho sistema tienen capacidad para comprar el favor de los parlamentarios. El programa de ayuda social que se abolió en 1996 suponía en torno al 1% del presupuesto estadounidense; las aseguradoras privadas, bien protegidas, devoran la mayor parte del 17% de la riqueza nacional destinada a los gastos médicos.
El proyecto inicial defendido por Obama conlleva dos avances. Por una parte, prevé convertir en obligatoria la cobertura sanitaria de los cuarenta y seis millones de estadounidenses que no la tienen, subvencionando a los más modestos de entre ellos. Por otro lado, proyecta la creación de un sistema público de seguros capaz de ofrecer tarifas menos prohibitivas que las de los grupos privados (2). Estos últimos, en efecto, dedican enormes recursos a la búsqueda de triquiñuelas legales que les permitan librare de pagar la asistencia de sus asegurados cuando caen enfermos… Pero, ¿por qué se alarma la derecha con una violencia tan insólita? «Si se crea “una opción pública”», fulmina el gobernador republicano de Luisiana, «dicha opción impondrá a los aseguradores privados una competencia desleal, los llevará a la quiebra (3)». Otras quiebras, más conmovedoras, habrían podido captar su atención. En particular en Luisiana, uno de los Estados más miserables del país.
La política estadounidense está, en este punto, tan gangrenada por el dinero de los lobbies industriales y financieros que sólo las reducciones de impuestos franquean sin dificultad las barreras del Congreso. Imponer cualquier cosa a los bancos, a las compañías de seguros o a la industria farmacéutica es un reto. En este caso, el presidente (demócrata) de la comisión de finanzas del Senado, Max Baucus, cuya colaboración es necesaria para la aprobación de la reforma, también es el parlamentario que recibe más dinero de los hospitales, aseguradoras y médicos privados. Sus principales proveedores de fondos se preocupan muy poco de los problemas de su pequeño Estado rural, Montana: el 90% de las donaciones recibidas por el senador, al permanecer legales y catalogadas, provienen en efecto de otros lugares. ¿Adivinan ya por qué Baucus se opone a un cuestionamiento del sistema sanitario actual?
Un año después del crack del liberalismo, el (pequeño) pánico de las oligarquías se ha disipado; el juego político parece congelado en su provecho. De vez en cuando, un operador más sospechoso –o más desafortunado- que otros aterriza tras las rejas; entonces vuelve la cantilena de palabras mágicas: moralización, ética, regulación, G20. Después todo vuelve a empezar. Interrogada sobre las colosales primas de los brokers de BNP Paribas, Christine Lagarde, ministra francesa de Economía y ex abogada de negocios en Chicago, se ha negado a condenarlos: «Si se dice “prohibamos las primas”, lo que va a pasar es que los mejores equipos de brokers simplemente irán a instalarse en otros sitios (4)»
Anidados en un sistema político que los protege –y al que ellos protegen-, aprovechando el cinismo general y el desánimo popular, los brokers y las aseguradoras médicas perseveran en su función de parásitos. El «abuso» no es una desviación de su comercio, sino la esencia. Por lo tanto, lo que hace falta no es una «reforma» a la que podrían avenirse, sino impedir que sigan haciendo daño.
(1) Reunión pública en Montana, 14 de agosto de 2009.
(2) En quince de los cincuenta Estados, más de la mitad del «mercado» pertenece a una sola compañía privada. Ver «The tight gruo of Elath insurers», Bussines Week, Nueva York, 3 de agosto de 2009.
(3) Bobby Jindal, «How to make health-care reform bipartisan?» The Wall Street Journal, Nueva York, 22 de Julio de 2009.
(4) Europe 1, 7 de agosto de 2009.
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