Por Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa
Por mucho que los responsables lo quieran negar hay muy pocas dudas de que los bancos han sido los grandes causantes de la crisis que vivimos. Por su desnaturalización al convertirse en financiadores de las burbujas especulativas y en especuladores ellos mismos, en lugar de financiar la actividad realmente productiva; por la acumulación gigantesca de riesgo que han generado; y porque, al saltar todo eso por los aires, se han descapitalizado o quebrado y han cerrado el grifo de la financiación a consumidores y empresas.
Es también una evidencia, que igualmente se quiere ocultar, que la condición sine qua non para salir de la crisis es que se restaure el flujo de financiación perdido, además, lógicamente, de aplicar suficiente gasto adicional que de alguna manera compense la actividad y la energía productiva que se está perdiendo.
Ningún intento de salir de la crisis definitivamente y sin nuevos problemas futuros por la misma causa será viable ni se podrá consolidar si no se sanea el sistema financiero, lo que implica no solo recobrar el crédito sino evitar que enseguida vuelva a ocurrir de nuevo lo que antes provocó la crisis y su agotamiento.
Los gobiernos lo saben y han actuado pero están resultando prácticamente impotentes para poner fin definitivo a la situación. En los casos extremos incluso han intervenido o nacionalizado bancos, o han tratado de recapitalizarlos en la medida necesaria. Pero no han logrado que el crédito vuelva a fluir en las cantidades suficientes a los empresarios y consumidores que lo necesitan para reactivar la vida económica, la producción, el comercio y el empleo.
Eso está ocurriendo porque se confunde el necesario rescate del sistema financiero con el de los bancos. Esto último es lo que lleva a poner recursos públicos billonarios a disposición de entidades, la mayoría privadas, que han cometido abusos y que han gestionado de modo irresponsable los recursos de sus clientes, a menudo bordeando o incluso saltándose la legalidad, o recurriendo a chanchullos, trampas legales y prácticas corruptas, amén de inmorales. Hasta el punto de que todo un presidente de Estados Unidos haya llegado a calificar de sinvergüenzas a sus directivos por los sueldos y primas que cobran después de haber hundido a sus entidades.
Lo que habría que haber hecho, rescatar al sistema financiero, es algo distinto. No es solo salvar la cara de los bancos, dándoles más dinero para tapar sus agujeros o modificando las normas contables para que oculten sus pérdidas verdaderas. Rescatar el sistema financiero es garantizar que los empresarios y los consumidores vuelven a tener acceso a la imprescindible financiación ajena, sin la cual es imposible evitar que su actividad se venga abajo. Y para ello es imprescindible empezar haciendo lo que increiblemente no se ha hecho hasta la fecha: aclarar la situación patrimonial real de los bancos y que el gobierno tome directamente las riendas del flujo financiero, aunque no solo en la raquítica dimensión que entre nosotros representa el ICO.
En España, el gobierno ha puesto directamente a disposición de los bancos más de 230.000 millones de euros, una cantidad que representa el 20% del PIB y más del doble de lo que el Estado se gasta en pensiones cada año. Es mucho dinero.
Gracias a ello, los beneficios de los bancos siguen siendo multimillonarios: 23.936 millones de euros en 2008, que fue un año de crisis, y que sumados a los obtenidos desde 2004 dan un total de 112.923 millones de euros. Una cantidad fabulosa que se conjuga, sin embargo, con la pérdida de empleo en el sector, con los problemas de solvencia y, sobre todo, con la falta de liquidez y de financiación que padece la economía.
Porque, a pesar de esos beneficios (o quizá como consecuencia de ellos), de las ayudas del gobierno, y a pesar de que el Banco Central Europeo ha proporcionado también una gran cantidad de crédito a los bancos españoles, lo cierto es que se produce una racionamiento del crédito en nuestro país
Un estudio reciente del Banco Central Europeo (Euro area bank lending survey April 2009) pone de relieve que el 40% de las entidades bancarias españolas han restringido el crédito a sociedades, el 30% el hipotecario y el 40% el destinado al consumo, porcentajes que son peores que los que corresponden al conjunto de la zona euro (43,6%, 28,7% y 30% respectivamente).
Y, por otra parte, el estudio muestra que el 50% de las entidades han aplicado márgenes más elevados al crédito a sociedades, y el 40% al hipotecario y al del consumo (porcentajes algo más favorables en nuestro caso que en la zona euros en donde fuero, respectivamente, del 62,4%, el 47,2% y el 44,%).
El Banco de España proporciona los datos que permiten comprobar que las entidades financieras españolas no solo restringen cuantitativamente el crédito sino que lo están ofreciendo a tipos de interés muy elevados. Nadie se extraña actualmente si los bancos o cajas reclaman tipos incluso por encima del 15% a empresas o consumidores para determinado tipo de operaciones.
En marzo pasado, el tipo de interés medio aplicado por los bancos en la zona euro era del fue del 8,1%, es decir, más de cinco veces superior al oficial, que ese mes era del 1,5%. En España, el tipo aplicado a los créditos al consumo fue todavía mas elevado, del 10,25%, uno de los más altos de Europa, por debajo solo de Portugal (11,6%), Grecia (11,9%) y los Países Bajos (13,1%).
En el caso de los hipotecarios el tipo de aplicado por las entidades financieras europeas (4,4%) y españolas (3,9%) fue también muy superior al euribor, que fue del 1,9% en marzo pasado.
La mayoría de las cajas de ahorros han reducido o incluso eliminado por completo los ya de por sí modestos programas de microcréditos y una parte a veces importante de la financiación a actividades vinculadas con la inclusión social y la generación de empleo en zonas y sectores sociales más deprimidos, que lógicamente tienen una situación financiera de partida que ahora les resulta doblemente problemática.
Basta con acudir a un banco o caja de ahorros para comprobar en qué medida se está produciendo un verdadero racionamiento del crédito y ante esta situación no parece muy razonable confiar tan solo en que se va a salir espontáneamente del problema o que será suficiente, como parece que se está preparando, con crear las condiciones para que los peces gordos de nuestro sistema financiero se vayan comiendo a los pequeños y, en particular, a las cajas de ahorros. Una mayor concentración bancaria no va a traer más eficiencia en el mercado sino más escasez y dinero más caro a la larga y, además, mucha menor capacidad para poder decidir las líneas de desarrollo futuras de nuestra economía.
El deseo de cambio productivo que alienta el gobierno es muy loable y merece el máximo apoyo pero no se puede olvidar que ponerlo en marcha no es solo cuestión de promulgar leyes o incluso de concitar el acuerdo y la voluntad de cambio en los agentes sociales sino que precisará, entre otras cosas, financiación. La misma que se necesita para que comiencen a aumentar el empleo y la actividad económica.
Una financiación que no va a venir sola porque detrás del racionamiento que se viene produciendo no hay solamente un problema de escasez material de recursos financieros sino también, y sobre todo, el predominio de una lógica bancaria que en los últimos años ha sido, como ahora comprobamos, muy negativa. Por eso, para que el cambio de modelo productivo que promueve el gobierno sea exitoso debería comenzarse por cambiar esa lógica y poner los cimientos para que España disponga de un sistema financiero más eficiente que comprometa el dinero de los ciudadanos que maneja con nuestro desarrollo y bienestar.
Claro que para eso sería imprescindible que el gobierno de Rodríguez Zapatero, aparte de voluntad, tuviera poder suficiente para evitar que en materias financieras sean los banqueros los que le constantemente le enmienden la plana y le impongan la agenda y la respuesta a los problemas que, sin embargo, sufrimos todos los ciudadanos.
Es también una evidencia, que igualmente se quiere ocultar, que la condición sine qua non para salir de la crisis es que se restaure el flujo de financiación perdido, además, lógicamente, de aplicar suficiente gasto adicional que de alguna manera compense la actividad y la energía productiva que se está perdiendo.
Ningún intento de salir de la crisis definitivamente y sin nuevos problemas futuros por la misma causa será viable ni se podrá consolidar si no se sanea el sistema financiero, lo que implica no solo recobrar el crédito sino evitar que enseguida vuelva a ocurrir de nuevo lo que antes provocó la crisis y su agotamiento.
Los gobiernos lo saben y han actuado pero están resultando prácticamente impotentes para poner fin definitivo a la situación. En los casos extremos incluso han intervenido o nacionalizado bancos, o han tratado de recapitalizarlos en la medida necesaria. Pero no han logrado que el crédito vuelva a fluir en las cantidades suficientes a los empresarios y consumidores que lo necesitan para reactivar la vida económica, la producción, el comercio y el empleo.
Eso está ocurriendo porque se confunde el necesario rescate del sistema financiero con el de los bancos. Esto último es lo que lleva a poner recursos públicos billonarios a disposición de entidades, la mayoría privadas, que han cometido abusos y que han gestionado de modo irresponsable los recursos de sus clientes, a menudo bordeando o incluso saltándose la legalidad, o recurriendo a chanchullos, trampas legales y prácticas corruptas, amén de inmorales. Hasta el punto de que todo un presidente de Estados Unidos haya llegado a calificar de sinvergüenzas a sus directivos por los sueldos y primas que cobran después de haber hundido a sus entidades.
Lo que habría que haber hecho, rescatar al sistema financiero, es algo distinto. No es solo salvar la cara de los bancos, dándoles más dinero para tapar sus agujeros o modificando las normas contables para que oculten sus pérdidas verdaderas. Rescatar el sistema financiero es garantizar que los empresarios y los consumidores vuelven a tener acceso a la imprescindible financiación ajena, sin la cual es imposible evitar que su actividad se venga abajo. Y para ello es imprescindible empezar haciendo lo que increiblemente no se ha hecho hasta la fecha: aclarar la situación patrimonial real de los bancos y que el gobierno tome directamente las riendas del flujo financiero, aunque no solo en la raquítica dimensión que entre nosotros representa el ICO.
En España, el gobierno ha puesto directamente a disposición de los bancos más de 230.000 millones de euros, una cantidad que representa el 20% del PIB y más del doble de lo que el Estado se gasta en pensiones cada año. Es mucho dinero.
Gracias a ello, los beneficios de los bancos siguen siendo multimillonarios: 23.936 millones de euros en 2008, que fue un año de crisis, y que sumados a los obtenidos desde 2004 dan un total de 112.923 millones de euros. Una cantidad fabulosa que se conjuga, sin embargo, con la pérdida de empleo en el sector, con los problemas de solvencia y, sobre todo, con la falta de liquidez y de financiación que padece la economía.
Porque, a pesar de esos beneficios (o quizá como consecuencia de ellos), de las ayudas del gobierno, y a pesar de que el Banco Central Europeo ha proporcionado también una gran cantidad de crédito a los bancos españoles, lo cierto es que se produce una racionamiento del crédito en nuestro país
Un estudio reciente del Banco Central Europeo (Euro area bank lending survey April 2009) pone de relieve que el 40% de las entidades bancarias españolas han restringido el crédito a sociedades, el 30% el hipotecario y el 40% el destinado al consumo, porcentajes que son peores que los que corresponden al conjunto de la zona euro (43,6%, 28,7% y 30% respectivamente).
Y, por otra parte, el estudio muestra que el 50% de las entidades han aplicado márgenes más elevados al crédito a sociedades, y el 40% al hipotecario y al del consumo (porcentajes algo más favorables en nuestro caso que en la zona euros en donde fuero, respectivamente, del 62,4%, el 47,2% y el 44,%).
El Banco de España proporciona los datos que permiten comprobar que las entidades financieras españolas no solo restringen cuantitativamente el crédito sino que lo están ofreciendo a tipos de interés muy elevados. Nadie se extraña actualmente si los bancos o cajas reclaman tipos incluso por encima del 15% a empresas o consumidores para determinado tipo de operaciones.
En marzo pasado, el tipo de interés medio aplicado por los bancos en la zona euro era del fue del 8,1%, es decir, más de cinco veces superior al oficial, que ese mes era del 1,5%. En España, el tipo aplicado a los créditos al consumo fue todavía mas elevado, del 10,25%, uno de los más altos de Europa, por debajo solo de Portugal (11,6%), Grecia (11,9%) y los Países Bajos (13,1%).
En el caso de los hipotecarios el tipo de aplicado por las entidades financieras europeas (4,4%) y españolas (3,9%) fue también muy superior al euribor, que fue del 1,9% en marzo pasado.
La mayoría de las cajas de ahorros han reducido o incluso eliminado por completo los ya de por sí modestos programas de microcréditos y una parte a veces importante de la financiación a actividades vinculadas con la inclusión social y la generación de empleo en zonas y sectores sociales más deprimidos, que lógicamente tienen una situación financiera de partida que ahora les resulta doblemente problemática.
Basta con acudir a un banco o caja de ahorros para comprobar en qué medida se está produciendo un verdadero racionamiento del crédito y ante esta situación no parece muy razonable confiar tan solo en que se va a salir espontáneamente del problema o que será suficiente, como parece que se está preparando, con crear las condiciones para que los peces gordos de nuestro sistema financiero se vayan comiendo a los pequeños y, en particular, a las cajas de ahorros. Una mayor concentración bancaria no va a traer más eficiencia en el mercado sino más escasez y dinero más caro a la larga y, además, mucha menor capacidad para poder decidir las líneas de desarrollo futuras de nuestra economía.
El deseo de cambio productivo que alienta el gobierno es muy loable y merece el máximo apoyo pero no se puede olvidar que ponerlo en marcha no es solo cuestión de promulgar leyes o incluso de concitar el acuerdo y la voluntad de cambio en los agentes sociales sino que precisará, entre otras cosas, financiación. La misma que se necesita para que comiencen a aumentar el empleo y la actividad económica.
Una financiación que no va a venir sola porque detrás del racionamiento que se viene produciendo no hay solamente un problema de escasez material de recursos financieros sino también, y sobre todo, el predominio de una lógica bancaria que en los últimos años ha sido, como ahora comprobamos, muy negativa. Por eso, para que el cambio de modelo productivo que promueve el gobierno sea exitoso debería comenzarse por cambiar esa lógica y poner los cimientos para que España disponga de un sistema financiero más eficiente que comprometa el dinero de los ciudadanos que maneja con nuestro desarrollo y bienestar.
Claro que para eso sería imprescindible que el gobierno de Rodríguez Zapatero, aparte de voluntad, tuviera poder suficiente para evitar que en materias financieras sean los banqueros los que le constantemente le enmienden la plana y le impongan la agenda y la respuesta a los problemas que, sin embargo, sufrimos todos los ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario