Girando sobre su posición defensiva, la semana pasada tres países de la Unión Europea, Austria, Bélgica y Luxemburgo, anunciaban modificaciones en su regulación del secreto bancario. Y un anuncio similar hacían Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y hasta Hong Kong y Singapur; pero todos con matices despreciados por nuestros informadores, porque esas modificaciones serían sobre la base del caso por caso y apelando al artículo 26 del modelo de convenio bilateral de la OCDE para el intercambio de información fiscal entre países.
Aunque los titulares de prensa reflejen el gran éxito mediático de tales anuncios, no dejan de ser meros anuncios de reformas en estos países ante el temor de verse incluidos en una posible lista negra del G-20 en la próxima cumbre de Londres, tras las reiteradas declaraciones de nuestros gobernantes europeos contra los llamados paraísos fiscales. Pero ni unos ni otros prevén una inmediata regulación de la banca y los mercados financieros que toque los dos principios básicos, la libertad de movimientos del capital y la competencia fiscal, que generaron esos paraísos fiscales como un subproducto de la globalización financiera.
Esos dos principios de la libertad de movimientos mundiales del capital y de la competencia fiscal entre gobiernos, son los que nos han llevado a la actual crisis global, al sustituir los controles de los Estados por la desregulación, debilitando la autoridad de los gobiernos frente al capital financiero:
Para garantizar la viabilidad de ese principio de libertad total del capital nació, con la crisis del sudeste asiático a finales de los noventa, el Foro de Estabilidad Financiera que ahora se pretende reanimar. Y aunque esta crisis financiera global haya mostrado la ineficacia de este Foro convertido en organismo internacional tecnocrático radicado en Basilea, recordemos que para lograr la estabilidad del sistema financiero realizó en el año 2000 el censo de los centros financieros offshore, revelando su contribución a aquella crisis de la periferia, según acreditaron los informes técnicos del FMI; otro organismo internacional que con su posterior política de evaluación de esos centros offshore les ha consolidado como un sector de las finanzas mundiales.
Y el principio de la competencia fiscal en la UE, que está integrado en su práctica política como hemos documentado, surgió con la introducción de la libertad de movimientos de capitales sin la simultánea armonización fiscal intracomunitaria como preveía el texto original del Tratado de Roma. Y la OCDE sigue defendiendo a ultranza esta competencia entre países en materia de impuestos, aunque fracasó con su proyecto contra la competencia fiscal perjudicial que pretendía acabar con los paraísos fiscales antes de 2006.
Hoy, para cualquier observador informado es evidente que esa competencia entre las políticas fiscales europeas condiciona fuertemente las políticas económicas de los gobiernos en beneficio del capital, que ve generalizada la reducción de su tributación como las estadísticas muestran. Aún más, entre las propuestas sobre regulación financiera que concurren a la cumbre del G-20, es muy significativa la posición de los EEUU que no cuestiona lo más mínimo los principios mencionados y el documento es muy claro en su única referencia a los paraísos fiscales:
“Tenemos que reforzar la cooperación para combatir el lavado de dinero sucio y la financiación del terrorismo y aplastar (crackdown) a los que utilizan los paraísos fiscales extraterritoriales (offshore tax havens) para escapar del pago de su cuota de impuestos”.
Es la misma retórica de las dos últimas décadas como si no ocurriera nada; es decir, tras la cumbre de Londres del 2 de Abril tendremos más de lo mismo, por ahora. Según la información disponible en la web del Financial Times, únicamente cuatro países, EEUU, Reino Unido, Francia, y Argentina incluyen en sus propuestas para la cumbre del G 20 en Londres como prioritarias “medidas enérgicas con los paraísos fiscales” (crackdown on tax havens).
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